LA REVOLUCIÓN DE MAYO

En 1810 el Virreinato del Río de la Plata se vio en una difícil encrucijada. Tres siglos de dependencia de la corona española habían conformado la idiosincrasia de los hombres que actuaron en los sucesos de mayo. Estos sucesos no fueron fruto de la improvisación, sino consecuencia de un largo proceso de histórico que fue madurando con los años.

Para comprender la génesis de la revolución de mayo en nuestro país, es necesario que nos traslademos en el espacio, hasta el viejo continente donde se produjeron una serie de conflictos que determinaron finalmente el proceso de revolución e independencia en los países hispanoamericanos.

Y que nos traslademos también en el tiempo, debido a que debemos remontarnos hasta finales de la revolución francesa, hacia el año 1808 cuando los sucesos europeos influyeron también en los países hispanoamericanos.

Por un lado, la monarquía española estaba encabezada por el rey Carlos IV, de la familia Borbón,  quien tenía un reinado débil y con una serie de medidas que le habían ganado la enemistad de los españoles.  

Por otra parte, la última etapa de la revolución francesa fue dominada por el general Napoleón Bonaparte, quien luego de autoproclamarse Emperador de los Franceses, comenzó a expandir su imperio por toda Europa.

Con el propósito de invadir a Portugal, Napoleón Bonaparte solicitó autorización al rey de España Carlos IV para cruzar por su territorio rumbo a Portugal, lo que significaba un sometimiento ante las autoridades francesas, situación ante la cual el rey Carlos IV accedió.

A raíz del avance francés por el territorio español, sumado a la impopularidad del rey Carlos IV estalló un motín en España, como consecuencia el rey abdicó a su trono y nombró a su hijo y heredero, Fernando VII como nuevo rey de España.

Esta situación de crisis interna en la monarquía española fue aprovechada por Napoleón Bonaparte, quien en la ciudad de Bayona logró despojar de la corona al legítimo rey Fernando VII que fue tomado prisionero junto a toda su familia y designó como nuevo rey de España a su hermano José I Bonaparte.

José I Bonaparte fue nombrado rey de España y de las posesiones de América, pero ni los españoles ni los americanos lo aceptaron ni tampoco lo reconocieron como rey. Sino que su legítimo rey era Fernando VII que estaba prisionero, de este modo la imagen del rey víctima de perfidia de Napoleón se agrandó, tanto en América como en España.

En mayo de 1808 se inició en España un verdadero levantamiento popular, debido a que los españoles tomaron conciencia que su rey legítimo estaba prisionero y  que estaban  dominados por el imperio francés. Entonces comenzaron a formar juntas representativas de gobierno en las ciudades o comunidades españolas, así se formaron juntas de León, Valencia, Galicia, Asturias, entre otras.

Estas juntas luego se unificaron en la Suprema Junta Central de Sevilla en 1809, que tomó a su cargo el gobierno de España en representación del rey Fernando VII. 

Todas las juntas españolas juraron fidelidad al rey Fernando VII como único soberano legítimo y por cuyo regreso se comprometieron a luchar.

El principio legal y jurídico sobre el cual se fundamentaron los españoles para la formación de las juntas se basó en las ideas del Francisco Suárez que afirmaba que la comunidad no enajena sus derechos, si desaparece la legítima autoridad, la soberanía vuelve naturalmente a la comunidad.

REPERCUSIONES EN EL RIO DE LA PLATA

Los acontecimientos ocurridos en España entre 1808 y 1809 no tardaron en difundirse en el Río de la Plata. Entonces el virrey Santiago de Liniers debía tomar una postura definitiva, reconocer y jurar fidelidad al rey Fernando VII o aceptar al rey francés José I Bonaparte.

El virrey Liniers, de origen familiar francés, se ganó entonces la desconfianza de la clase dirigente y de los miembros del Cabildo de Buenos Aires, quienes dudaban de su fidelidad a la corona española y temían por el destino de estos territorios.

A esto hay que agregarle que Liniers no había sido designado por las autoridades españolas, sino por el Cabildo de Buenos Aires, después de las invasiones inglesas.

A principios de 1809, la Junta de Sevilla designó a Baltasar Hidalgo de Cisneros como nuevo virrey del Río de la Plata, en reemplazo de Santiago de Liniers, que se retiró a Córdoba.

El nuevo virrey Cisneros otorgó a los comerciantes ingleses ciertas facilidades para la introducción de productos extranjeros, con el propósito de disminuir el contrabando, pero también era una condición impuesta por Inglaterra para ayudar a España contra los franceses.

EL AÑO 1810

En el Virreinato del Río de la Plata se vivía un clima de expectativa al iniciarse el año 1810. Debido a los hechos acaecidos en España: con la entrada de José I en Madrid, la disolución de la Suprema Junta Central de Sevilla y la formación de un Consejo de Regencia, que estaba seriamente amenazado. Las juntas de España habían caducado ante la invasión francesa, solamente quedaba en pie las comunidades de León y Cádiz, que fue donde se instaló el Consejo de Regencia.

Todo contribuía a formar la idea de que las colonias americanas estaban en grave peligro, más aún cuando el año 1810 marcó el punto máximo del imperio napoleónico, por lo tanto, el regreso del rey Fernando VII se veía como algo imposible. 

Las noticias acerca de la total caída de España en poder de Napoleón Bonaparte no sorprendió a los hombres del Río de la Plata, porque ya estaban al tanto de los acontecimientos que sacudían a la península.

Por su parte, el virrey Cisneros no ocultaba la realidad, sino que la expuso claramente en una proclama dirigida al pueblo, donde manifestaba su deseo de luchar por Fernando VII y contra toda dominación extranjera que llegara a estos dominios  y anunciaba también la necesidad de no tomar ninguna determinación sin consultar a las provincias del interior.

Esta proclama del virrey Cisneros convocando a los vecinos a reunirse en un Cabildo Abierto fue a aceptada por la clase dirigente y los miembros del cabildo. Que repartieron 450 esquelas de invitación para participar el día 22 de mayo en un Cabildo Abierto para definir la situación.

De las 450 invitaciones solamente concurrieron 251 al Cabildo Abierto del 22 de mayo. Allí se estableció que los invitados tenían total libertad para expresar sus opiniones. Que no debían formarse bandos o partidos y que no se tomaría ninguna determinación sin la consulta a los pueblos del interior del Virreinato.

                             Las propuestas del Cabildo que estuvieron en discusión

Además, se cuestionaba el origen legítimo de la autoridad del virrey Cisneros, porque la Junta de Sevilla que era quien lo había designado, en ese momento había desaparecido, entonces también estaba en discusión si el virrey Cisneros debía continuar en el gobierno o debía ser reemplazado por otra autoridad que gobernara a nombre de Fernando VII.

Planteadas estas discusiones se debía proceder a votar para tomar una resolución. Los debates terminaron el día 23 de mayo y el resultado fue por mayoría que debía cesar el virrey Cisneros en su cargo. Y el mando debía pasar a manos del Cabildo de Buenos Aires, quien debía nombrar una Junta de Gobierno a nombre del rey Fernando VII.

Es evidente que muchos de los que asistieron al Cabildo Abierto del 22 de mayo creían en la pérdida total de España en manos de Napoleón y tenían conciencia del peligro que corrían las colonias americanas. De acuerdo con esto y siguiendo las ideas de Francisco Suárez  si desaparece la legítima autoridad, la soberanía vuelve naturalmente a la comunidad.  A la que Cornelio Saavedra le agregó  Y que no quede duda de que es el pueblo el que confiere la autoridad o mando.  

El 24 de mayo, el Cabildo resolvió designar una Junta de Gobierno, conforme a lo establecido por el Cabildo Abierto de día 22, que además habían pedido la separación de Cisneros del gobierno. No obstante, la Junta del día 24 tenía como presidente a Baltasar H. de Cisneros.

Entonces, Cisneros continuaba en el gobierno, no ya como virrey sino como presidente de la primera junta de gobierno a nombre de Fernando VII. Algunas de los fundamentos de esta medida eran la necesidad de no alarmar a las provincias del interior y que esta junta gobernaría hasta que fueran consultadas las provincias del interior, sobre la forma de gobierno más apropiada.

Apenas conocida la constitución de la Junta de Gobierno, comenzó a agitarse el ambiente, en contra del poder que estaba tomando el Cabildo, que decidió sin consultar al resto sobre los destinos políticos. Entonces, comenzó una conmoción con descontento en los cuarteles. Porque la gente de armas no aceptaba una junta donde estuviera la persona del ex virrey Cisneros, sumado a Saavedra y Castelli que también se opusieron a esta junta y exigieron la formación de una nueva.

El Cabildo tuvo que ceder y el día 25 de mayo procedió a la formación de una nueva Junta denominada Junta Provisional Gubernativa, denominada así hasta que fuera reconocida por todas las provincias del interior.  Esta Junta se propuso conservar íntegra esta parte de América y guardar obediencia con el rey de España, Fernando VII, sus legítimos sucesores y guardar las leyes del reino.

Así, el día 26 de mayo la Real Audiencia, el Obispo y los eclesiásticos, el Cabildo, los distintos cuerpos militares y demás instituciones prestaron juramente de obediencia ante la Junta.

Esta Junta Provisional Gubernativa, el día 27 de mayo envió una circular a todas las provincias del interior pidiendo que eligiera un Diputado, que debía viajar a Buenos Aires para incorporarse a la Junta de Gobierno.

Situación Institucional de Mendoza

Desde la instalación efectiva de la Real Ordenanza de Intendentes del Río de la Plata, en agosto de 1783, Mendoza se incorporó como Provincia Subalterna a la Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán, junto con las provincias de San Juan, San Luis, La Rioja y Córdoba, que era la capital de la Intendencia.  La máxima autoridad de gobierno en Mendoza recayó en el Subdelegado de Real Hacienda y Guerra, con ejercicio de las causas de Hacienda y Guerra, mientras que el Cabildo asumió también nuevas funciones con el desempeño de las causas de Policía y Justicia, que debía ejercer en la jurisdicción de la provincia subalterna.

El 27 de mayo la Junta Gubernativa de Buenos Aires dirigió las provincias del interior una Circular que afirmaba que los Diputados electos se irían incorporando a la Junta de Gobierno, conforme y por el orden de su llegada a la Capital, es decir establece la incorporación de los representantes locales al gobierno ya constituido.

El Cabildo de Mendoza mantenía su existencia desde 1561, estaba  integrado por Joaquín de Sosa y Lima, Alcalde de 1º voto, Manuel José Godoy y Rojas, Alcalde de 2º voto y otros funcionarios como Bernardo Ortiz, Jacinto Espínola, Francisco J. Correa y Juan Francisco Cobo, que era el único funcionario español que integraba el cuerpo capitular.

Llegan las primeras noticias desde Buenos Aires

Las primeras noticias de los sucesos ocurridos durante el mes de mayo en Buenos Aires y la constitución de un nuevo gobierno desempeñado por la Junta Provisional Gubernativa llegaron el 6 de junio de 1810 de manera extraoficial por un particular que venía desde Buenos Aires y dio a conocer estos acontecimientos al Subdelegado Faustino Ansay.

El 13 de junio de 1810 llegó a Mendoza el Comandante de Fronteras Manuel Corvalán procedente de Buenos Aires  portando dos comunicaciones oficiales, que de inmediato entregó al Cabildo de la ciudad. La primera comunicación oficial fue enviada por el ex Virrey Cisneros informando sobre el acontecimiento de los últimos hechos que terminaron con su deposición y aconsejaba el acatamiento de los pueblos por la Junta de Gobierno de Buenos Aires; la otra fue enviada  por la Junta Provisional de Gobierno a nombre del rey Fernando VII que se había instalado en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810 y solicitaba a los mendocinos que enviaran un Diputado representante para integrar el nuevo gobierno, lo cual significaba reconocer y adherirse al nuevo gobierno   constituido en la capital del Virreinato del Río de la Plata.

Al día siguiente llegaron también noticias provenientes del Gobernador Intendente de Córdoba, Gutiérrez de la Concha, pidiendo no reconocer al gobierno de la Primera Junta constituido en Buenos Aires “ordena el Gobernador no se le preste obediencia a la Junta por ser abusivamente instalada” y solicitaba que Mendoza enviara tropas hacia Córdoba, con el propósito de oponerse al movimiento revolucionario.

Actitud de la clase dirigente en Mendoza

Como consecuencia de estos acontecimientos en Mendoza las opiniones de las autoridades estaban divididas, entre dos grupos claramente identificados con intereses políticos, económicos y sociales propios. Por un lado, se encontraban aquellos que decidían apoyar a Buenos Aires, reconocer como máxima autoridad a la Junta Provisional de Gobierno y enviar un Diputado representante de la provincia para integrar el nuevo gobierno, evaluando que era más conveniente, por razones económicas y políticas,  estar separado de la Gobernación Intendencia de Córdoba y lograr la autonomía tan ansiada de los mendocinos respecto a las autoridades centrales.  Esta posición contaba con el apoyo de la mayoría de los miembros del Cabildo. Por otro lado, estaban quienes decidían seguir unidos con la Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán, enviar el apoyo que pedía el Gobernador Intendente y desconocer a la Junta Provisional de Gobierno de Buenos Aires, este sector estaba liderado por las máximas autoridades de Mendoza, el Subdelegado de Real Hacienda y Guerra -Faustino Ansay-, el Tesorero -Domingo de Torres y Harriet - y el Contador Real de Hacienda -Joaquín Gómez de Liaño.

Convocatoria a un Cabildo Abierto

Esta situación se decidió convocando para el día 19 de junio a un Cabildo Abierto, que se postergó. El 23 de junio de 1810 se reunió un Cabildo Abierto Extraordinario con la presencia del Subdelegado de Real Hacienda y Guerra, del Tesorero, del Contador, de las autoridades militares y de 46 vecinos incluidos los funcionarios del Cabildo.  El Cabildo Abierto decidió  reconocer a la Junta de Gobierno de Buenos Aires como máxima autoridad.

Las razones que defendían los mendocinos contra la dependencia de Córdoba eran especialmente económicas y políticas, cuya dependencia los perjudicaba notablemente desde que Mendoza perdió la hegemonía sobre las provincias de Cuyo y quedó como provincia Subalterna. Dos días después, un nuevo Cabildo Abierto designó a Bernardo Ortiz como Diputado representante de la provincia para incorporarse al nuevo gobierno, aunque no pudo asumir sus funciones porque al poco tiempo falleció. Esta decisión adoptada por el Cabildo Abierto de Mendoza ponía a la provincia en confrontación directa no sólo con los funcionarios españoles y delegados del gobierno de Córdoba sino también con la misma Gobernación Intendencia de Córdoba, ya que al adherir a la Junta Provisional de Gobierno de Buenos Aires se desvinculaba de su dependencia jurisdiccional.

El Subdelegado de Real Hacienda y Guerra de Mendoza, Faustino Ansay fue quién debió comunicar oficialmente la decisión al Gobernador Intendente de Córdoba, de lo acordado días antes en el Cabildo Extraordinario.  Al mismo tiempo, los miembros del Cabildo de Mendoza temiendo una reacción armada o el inicio de una contrarrevolución por parte de los funcionarios españoles decidió el reemplazo de Faustino Ansay como Comandante de Armas y designó en forma provisoria como nuevo Comandante de Armas a Isidro Sáenz de la Maza.

Faustino Ansay  y sus seguidores planearon un último intento de levantamiento al tomar el Cuartel de Armas el 29 de junio, apoderarse de las mismas y reunieron a más de 200 soldados, ante la presión de algunos funcionarios del Cabildo y la actuación mediadora del clero, los rebeldes depusieron esta actitud, como resultado de la mediación y de las deliberaciones se firmó el 1 de julio un convenio entre Faustino Ansay y el Cabildo de Mendoza por el cual decidieron en forma conjunta reconocer que si bien había diferencias de opiniones entre ambos, éstas no eran tan insondables como para llegar a un enfrentamiento total; que Faustino Ansay quedaba repuesto en su cargo de Comandante de Armas, que era necesario asegurar la paz para el bien de todos; que lo mejor era compartir el gobierno entre ambas instituciones, para evitar mutuas desconfianzas; que este gobierno surgido de la unión de ambas autoridades, no era legal ni estaba dentro del sistema español, debía cesar cuando se resolviera la misma suerte para todo el virreinato. Todos los hechos quedaban supeditados a lo que sucediera en Córdoba, donde estaban próximos a llegar tropas enviadas desde Buenos Aires para poner fin a la contrarrevolución.

Designación de un Teniente Gobernador

La disputa de los mendocinos se vio complicada con el nombramiento del coronel José Moldes como Teniente Gobernador y Subdelegado de Real Hacienda y Guerra de Mendoza,  por parte de la Junta de Buenos Aires el día 26 de julio de 1810, con ejercicio efectivo de las cuatro causas y subordinado por derecho a la Gobernación Intendencia de Córdoba. Este nombramiento sirvió para que los mendocinos comprendieran rápidamente que su adhesión a la causa de Buenos Aires no significaba de ninguna manera el cambio de situación y dependencia.

El nombramiento del coronel Moldes como máxima autoridad fue mal visto por la clase dirigente mendocina al considerarse a la provincia de Mendoza en la misma condición de provincia Subdelegada que tenía desde 1783, el gobierno del coronel José Moldes a pesar de sus buenas intenciones políticas y su dinámica obra de gobierno, no contó con el apoyo de la clase dirigente mendocina, que asida a una gran desilusión pensando que la provincia encontraría una mayor posibilidad de justicia, progreso y solución a sus aspiraciones.  A comienzos de 1811 el teniente José de Moldes fue relevado de su cargo. Al retirarse entregó el mando político y gubernativo en el Cabildo de Mendoza y el mando militar en el Comandante de Armas, Francisco Javier Martínez de Rosas.

Nuevamente el Cabildo de Mendoza convocó para el 22 de setiembre de 1810 a una nueva elección para elegir un Diputado, en reemplazo del fallecido Ortiz, resultó elegido por mayoría el licenciado Manuel Ignacio Molina.

A modo de conclusión:

La Junta de Gobierno surgida por la revolución de mayo de 1810 mantuvo en las ciudades capitales a los Gobernadores Intendentes y en las ciudades subordinadas designó Tenientes Gobernador en el ejercicio de las cuatro causas, en reemplazo de los Subdelegados de Real Hacienda y Guerra, lo que implicó un cambio de denominación y no de competencias o funciones. Los gobiernos revolucionarios surgidos desde mayo de 1810 en adelante, respondiendo a las aspiraciones de los pueblos en el ejercicio de su soberanía, constituyeron nuevas provincias en los límites de las ciudades coloniales y sus jurisdicciones, a partir de la disgregación de las antiguas provincias integradas a través de la vigencia de la Real Ordenanza de Intendentes.